Declaración Pública de Ángel Cabeza, ex Director del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural

El 28 de Marzo de 2018 se me solicitó y acepté mi renuncia no voluntaria como Director del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, lo cual era previsible desde mi primera entrevista con el Sr. Subsecretario de Patrimonio Cultural, dado que en dicha instancia, se intentó imponer una situación inaceptable que afectaba la dignidad del cargo de Director Nacional, ante lo cual me negué y expresé que, de acuerdo a la legislación de Alta Dirección Pública, podía solicitar a las autoridades superiores mi renuncia.

Toda mi vida profesional la he dedicado al servicio del patrimonio, tanto en el ámbito público, académico y comunitario. He tenido el honor, junto a muchos más, de participar, fortalecer y crear instituciones cuyo objeto es la protección y conservación del patrimonio y la diversidad cultural de Chile; de impulsar iniciativas como el Día del Patrimonio; gestionar la declaración de Sitios de Patrimonio Mundial de Chile; propiciar el crecimiento sostenido de nuevos monumentos nacionales, extendiendo y profundizando las fronteras y categorías del patrimonio tales como: aumentando la cantidad de barrios y zonas rurales protegidas, sitios de memoria, lugares sagrados y cementerios indígenas, apoyando la formación de organizaciones sociales patrimoniales, de escuelas taller y participando en la creación de nuevas bibliotecas y museos, entre otros.

En atención a lo anterior deseo expresar mi malestar frente a una nota de prensa mal intencionada que buscó enlodar mi imagen confundiendo distintas situaciones y dejando entrever que durante mi gestión como Director Nacional de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos y Vicepresidente Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales durante tres años, se habrían realizado gastos excesivos asociados a comisiones de servicios nacionales e internacionales, sembrando un campo de duda y desprestigio frente al buen uso de los fondos públicos. Lamentablemente en nuestro país, aún cuando existen diversos mecanismos de transparencia de la gestión pública, persiste una contracultura comunicacional dirigida a denostar a las personas y difundir reportes confusos que no contribuyen en nada al buen ejercicio de la democracia y al respeto público de todo ciudadano. Tal vez, muchos de ustedes no saben, que todas las asignaciones por concepto de viáticos (alimento y alojamiento) para los funcionarios públicos están regidas por normas legales y administrativas preestablecidas y en ningún caso quedan al arbitrio de éstos.

Durante mi ejercicio, realicé viajes a museos, archivos y bibliotecas de nuestra institución,  visité monumentos nacionales y Sitios de Patrimonio Mundial de nuestro país,  realizando cuentas públicas anuales en regiones, teniendo diversas reuniones con funcionarios de la DIBAM, alcaldes, intendentes, gobernadores, diputados, senadores, juntas de vecinos y comunidades, participando además en actividades académicas y congresos de la sociedad civil. También debí hacer viajes internacionales en representación de Chile en las reuniones anuales de UNESCO, otros organismos internacionales y firmar convenios bilaterales debidamente autorizados por las entidades competentes. Todas estas obligaciones obvias y necesarias de un director nacional que tenía claro que la gestión no se lleva a cabo sólo desde un escritorio, sino en terreno, con las autoridades locales y, especialmente, en contacto con sus comunidades.

En concreto, insinuar que durante los años 2015, 2016, 2017 se me habían entregado alrededor de 40 millones de pesos en viáticos es mal intencionada, imprecisa y descontextualizada. En esos años realicé un total de 87 comisiones de servicio: 75 nacionales y 12 internacionales. Las sumas asignadas para estas gestiones incluyen el costo de pasajes aéreos y terrestres dentro y fuera del país, arriendo de vehículos, gasolina,  peajes y otros, además de los viáticos.

Respecto del proyecto de construcción de un tranque de relave en la localidad del Mauro, Región de Coquimbo, y su autorización ambiental por parte de las autoridades regionales hace más de 10 años y el rescate arqueológico que implicaba, declaro que no tuve participación ni responsabilidad individual alguna, tal como las investigaciones oficiales lo han demostrado. No obstante, en varias ocasiones, incluso por la prensa, manifesté que la precariedad institucional y la falta de recursos humanos y financieros del Consejo de Monumentos Nacionales, hacían imposible una aceptable verificación y fiscalización de todas las declaraciones y estudios de impactos ambientales del país que se debían evaluar en tiempos muy acotados por la legislación.

La deuda que tiene el Estado con dicha institución y el patrimonio es reconocida por la mayoría, pero poco se ha avanzado de manera estructural para resolver sus debilidades siendo urgente su descentralización, contar con recursos adecuados y mayor participación ciudadana. A pesar de ello en los últimos tres años se logró duplicar el número de monumentos declarados en relación a igual período anterior y aumentar ostensiblemente la superficie protegida, reduciendo los tiempos de respuesta frente a las autorizaciones de intervención solicitadas, gracias a que el Consejo de Monumentos Nacionales comenzó a sesionar dos y ocasionalmente tres veces al mes.

Durante mi gestión como funcionario público por más de tres décadas y particularmente en los últimos tres años,  me siento orgulloso de haber sido seleccionado en mi cargo de director nacional de la DIBAM a través de los mecanismos establecidos en la Ley de Alta Dirección Pública, cuyo objeto central es profesionalizar las jefaturas de las instituciones del Estado a través de concursos transparentes, que otorguen estabilidad a la gestión pública, más allá de los cambios de administración política del Estado.

Tuvimos elecciones democráticas y un nuevo gobierno legítimo asumió por cuatro años los destinos de Chile. Las nuevas autoridades diseñarán las políticas de gestión y conservación del patrimonio, pero como ciudadanos no podemos abandonar y dejar de defender lo que tanto nos ha costado avanzar en protección patrimonial y participación ciudadana. En tal tarea estaré siempre buscando el diálogo entre intereses y visiones distintas, pensando y colaborando en lo mejor para Chile y todos sus habitantes.

El aumento de la protección patrimonial es un proceso que las comunidades seguirán impulsando y las acciones que vayan en dirección contraria contarán con un amplio rechazo ciudadano. La ley de monumentos nacionales requiere modificaciones que fortalezcan su cuerpo colegiado incorporando a la ciudadanía, la protección del patrimonio inmaterial, los sitios de memoria, una efectiva descentralización, modernizar su gestión, mejor fiscalización y novedosos incentivos económicos que favorezcan su conservación.

En otras ocasiones, he vivido momentos difíciles en mi vida profesional, pero la fortaleza de los principios y valores del bien común siempre son un refugio ante el abuso del interés privado y el individualismo. Tengan certeza que seguiré trabajando por el patrimonio cultural y natural, clave del desarrollo armónico de toda sociedad. Agradezco una vez más a los funcionarios y funcionarias de la DIBAM, actual Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, a las instituciones públicas y privadas, a las comunidades que luchan por conservar sus espacios de identidad cultural y a todas las personas que han colaborado en dicha misión, que comprenden que el futuro de Chile no puede olvidar sus raíces diversas y procesos históricos, ya que son parte vital de su progreso y bienestar.

Ángel Cabeza M.
Arqueólogo, Dr. en Arquitectura y Patrimonio

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